Las cárceles del capitalismo rumano

Las fotos que acompañan a esta entrada no son de cárceles o campos de concentración de los paises que se suelen considerar como "subdesarrollados", Marruecos, Zaire, Sri Lanka... Se trata de un país miembro de la Unión Europea, Rumania, al cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sanciona continuamente por atentar contra los presidiarios encerrados en sus prisiones, provocándose una importante hemorragia en el tesoro público del país.

Precisamente, este ha sido el origen del Decreto-Ley de Reforma del Código Penal aprobado por el gobierno socialdemócrata, a través del cual se pretende, por consejo de las instituciones europeas, reducir el número de presos para no tanto mejorar las condiciones de los presos como para detener la lluvia de multas y compensaciones a los afectados.

Las normas europeas exigen un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por cada persona privada de libertad en las instituciones penitenciarias; aplicando este estándar, Rumania tiene un exceso de 9.556 presos, según el espacio disponible en las diferentes cárceles. El incumplimiento de esta norma europea y de otras relativas a las condiciones materiales y al tratamiento de los detenidos, ha provocado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al estado rumano a indemnizaciones compensatorias  que solo en 2015 ascendieron a 459.275 euros ( 32 condenas en 2013, 29 en 2014, 75 en 2015).

Lo que hace el problema urgente es que actualmente  en proceso hay más de 500 denuncias debidas a las miserables condiciones de los detenidos, unidas a las del Comite de Prevención de la Tortura. En total, las indemnizaciones pagadas por el estado rumano hasta mayo de  2016 a los presos maltratados o torturados fue de unos 80.000 euros.

En junio del pasado año se produjo, por cierto, un importante motín en 11 cárceles de Rumania donde los amotinados protestaban ante las condiciones en las que estaban encerrados (a veces 10 en una celda para 4), sin que el gobierno tecnócrata de aquel momento (derrotado en las urnas por el Partido Socialdemócrata el pasado mes de diciembre) hiciera nada para mejorarlas. Por supuesto, las condiciones paupérrimas de higiene, espacio o dignidad de las cárceles del capitalismo rumano no afectan a los pocos miembros de la oligarquía política o empresarial que pasan por sus celdas y que, como pasa fuera (pues las cárceles no son más que la representanción de la sociedad que las crea), gozan de privilegios y beneficios inaccesibles al resto.

Desafortunadamente para los rumanos, y por suerte para los que les pisotean desde las instituciones y grandes empresas, la U.E. no considera tan urgentemente denunciables o motivo de indemnización las condiciones igualmente precarias de los hospitales, las escuelas o, ni mucho menos, las del trabajo, que no tienen nada que les haga muy diferentes de las de las cárceles.

Ante lo anterior, sigue valiendo el manido recurso, tan conveniente hasta ahora a la élite para seguir viviendo a costa del dinero público o de la riqueza producida por los trabajadores, sin necesidad de tener que cambiar nada, y que consiste en repetir el famoso mantra de que "!la culpa es del comunismo!".